En escena: Fiscalía vs. D.M.G.

Muchos dudábamos que el Estado Colombiano tuviera pruebas directas contra David Murcia Guzmán y sus socios por lavado activos provenientes del narcotráfico; hasta la noche en que se anunció por el Presidente de la República el cierre de las oficinas de DMG, secundado por la expedición de órdenes de captura por un juez de garantías en su contra. Puestos todos en escena, vinieron las deportaciones, capturas, audiencias y de pronto no había nada, salvo el lavado de activos pero provenientes de captación masiva y habitual de dineros del público, es decir un delito contra el sistema financiero.

Primer acto: el juez recrimina al Fiscal del caso, entre otras, por no concretar la época y valores del lavado de activos contenido en la acusación contra Murcia.

Segundo acto: Un juez avala el preacuerdo entre Daniel Ángel Rueda y Margarita Pabón realizado con la Fiscalía, aceptando los cargos por lavado de activos no provenientes del narcotráfico, obteniendo rebajas en sus penas del 50%.

Tercer acto: El Fiscal, luego de haber solicitado la extradición de la esposa de DMG al gobierno Uruguayo, declina la solicitud por no poder cumplir las exigencias del Juez austral, el cual la concedía siempre y cuando la acusación en Colombia se limitará a lavado de activos provenientes del narcotráfico, es decir, no la podía procesar por delitos contra el sistema financiero u otros. La declinación de la petición de extradición, se produce ante la imposibilidad de probar que los activos lavados provenían del tráfico de narcóticos; Murcia entonces sutilmente se apareja, guardadas las proporciones, con Bernard Malot, y eso es muy diferente a lo que nos venían diciendo, y como si fuera poco, le quedaba a la Fiscalía Colombiana desvirtuar que el negocio de DMG no consistía en mercadeo de múltiples niveles, juicio que según parece no se dará en nuestro territorio.

Cuarto acto: La extradición solicitada por los EE.UU parece más un salvavidas que le bota el gobierno gringo al Colombiano, por ello el Fiscal de manera autómata, dicta orden de captura contra Murcia con propósitos de extradición, dejando la sensación de estar haciendo uso del derecho penal para proteger a los dueños del sistema financiero colombiano. Como ocurre en los últimos periodos –reelegidos o no – declinación generalizada de la justicia colombiana y uso recurrente del derecho penal para apalear problemas sociales y estructurales de nuestro decadente sistema, sin asomo alguno de vergüenza.

Cae el telón, pero antes deberá entrar en escena la Corte para autorizar o no su embarque directo a la USA.